Hoy viernes 17 de enero la Corte Constitucional determinó que la sanción administrativa aplicada por el Ministerio del Trabajo en contra de la vicepresidente Verónica Abad fue ilegal.
Según el organismo, la Constitución de Ecuador no incluye ningún articulado o inciso que contemple sanciones administrativas para el presidente o vicepresidente de la República. Por tanto, la medida del gobierno fue inconstitucional.
Se recalcó que las autoridades administrativas no tienen potestad legal o constitucional para destituir, sancionar o limitar su capacidad de gestión en el cargo de aquellos ciudadanos que fueron elegidos mediante votación popular.
La respuesta de la Corte deriva de una consulta planteada por una sala especializada de la Corte de Justicia de Pichincha, luego de una apelación interpuesta por Verónica Abad cuando uno de sus recursos de protección fue negado por una conocida jueza.