Como múltiples y fatales accidentes de tránsito sucedidos históricamente en el país, los que, con cierta regularidad, son protagonizados por unidades del transporte público, el siniestro ocurrido el sábado 1 de marzo en la parroquia cuencana de Sayausí pudo evitarse. Hasta ahora, aquel deja cinco personas muertas.
Un informe de la ATM de Guayaquil reportó que el bus urbano de ese cantón protagonizó, en diciembre pasado, un incidente de tránsito en el cantón, por el cual fue retenido temporalmente hasta que su propietario lo liberó por vía judicial. Tras esto, en enero de este año, la unidad no completó el trámite para la renovación anual de su matrícula de circulación y su transitar por las calles de la urbe y del país era ilegal. Entonces ¿cómo pudo llegar ese bus a la provincia de Azuay?
El historial de los accidentes mortales en las carreteras del país está lleno de estas contradicciones legales, buses que, por su estado mecánico o por irresponsabilidad de sus conductores, no debían seguir circulando, pero, sí lo hacen ¿Por qué?
Hace casi dos décadas, se dio un conversatorio privado entre periodistas, del cual fuimos parte. Esa charla, días después, generó un artículo editorial en un medio de prensa escrita. En ese contenido, que justamente aludía a la siniestralidad vial de la época, se concluyó que, en un contexto general, las leyes y normativas menores dentro del organigrama jurídico nacional eran adecuadas, claras y suficientemente prácticas para que no haya dudas sobre su aplicación y sentido de justicia que requieren tanto la sociedad como los afectados particulares.
Pero, también fue parte de esa conjetura el adagio popular que dice: “hecha la ley, hecha la trampa”. Las normas están para ser cumplidas y no deberían se obviadas o torcidas.