El organismo de fiscalización continental más relevante respecto al respeto de los derechos humanos, la CIDH, adscrito a la Organización de Estados Americanos, fue claro y contundente al momento de calificar lo ocurrido con los cuatro menores de edad originarios del populoso sector guayaquileño conocido como Las Malvinas.
La entidad se refirió al suceso como la “desaparición y posterior asesinato” de los cuatro niños, cuyas edades eran entre 11 y 15 años. El comunicado de la CIDH llama al Estado ecuatoriano a “investigar, juzgar (y) sancionar” los delitos, además de “reparar” los daños ocasionados a las familias.
La CIDH solicita al gobierno priorizar la agilidad del proceso de investigación y juzgamiento de los potenciales responsables, sin dejar de lado la constatación sobre la presunta participación de elementos militares en el desenlace de los acontecimientos, quienes aparecen como sospechosos de haber ocasionado un daño irreparable a las víctimas y a sus familias.
La entidad condenó enérgicamente las declaraciones del ministro de Defensa Gian Carlos Loffredo, quien, entre otros desafortunados comentarios públicos, amenazó a la jueza que validó el recurso judicial de amparo interpuesto por los familiares de los cuatro menores asesinados.