Con los testimonios recabados el 31 de diciembre pasado en la audiencia cautelar sobre la aprehensión y presunta desaparición forzada de los menores de edad afroecuatorianos guayaquileños conocidos como “los 4 de Las Malvinas”, surgieron supuestos testimonios que avalarían la tesis del gobierno sobre una eventual intervención de bandas criminales en la posterior masacre que les quitó la vida.
El relato de esas circunstancias, mismas que ya informamos en este portal, llevan hoy a conjeturar por parte de la defensa jurídica de las familias de las víctimas, que se estaría intentando desviar la atención sobre la responsabilidad directa e indirecta de los 16 uniformados investigados en el desenlace del fatídico hecho, incluso, más allá de si hubo o no participación de terceros asociados con el mundo criminal, lo cual llevaría a plantear otras potenciales sospechas.
Minutos más tarde del cierre de dicha audiencia, se oficializó que los restos calcinados hallados en la parroquia Taura correspondían a los menores. Los abogados de las familias sostienen que existe responsabilidad penal de los 16 militares, hayan o no estado involucrados en su muerte, ya que, al menos, se comprobó que ellos los aprehendieron, los movilizaron y, de manera supuesta, los liberaron en un área desolada e insegura.