Un claro conflicto internacional se produjo el reciente fin de semana entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, presuntamente propiciado por una actitud antagónica del mandatario sudamericano, Gustavo Petro, ante la deportación de más de un centenar de ciudadanos colombianos desde el país del norte.
La administración Trump, desde el primer día de su gestión, es decir, desde hace una semana, puso las cartas sobre la mesa respecto a los migrantes indocumentados y ciudadanos extranjeros con prontuario criminal, quienes serían buscados, aprehendidos y deportados a sus respectivas naciones.
Supuestamente, Colombia aceptó este formato, pero, de manera inesperada, Petro cambio de parecer y anunció que su país no recibiría a los deportados. Este cambio de actitud propició una respuesta enérgica de Estados Unidos, con anuncios como subir progresivamente los aranceles a las exportaciones colombianas y entorpecer el acceso a visados para la cúpula gubernamental y para la ciudadanía en general, entre otras acciones punitivas entre los estados.
Tras el remezón político, que implicó comunicados diversos en redes sociales atribuidos a los mandatarios Petro y Trump, el gobierno colombiano habría retomado la senda inicial y habría autorizado la repatriación forzada de sus ciudadanos, mientras que la administración Trump también dio un paso atrás en cuanto a sus advertencias.