“Ilegal”, “inconstitucional” y “arbitrario” son tres de los términos más utilizados, desde ayer jueves 13 de marzo en redes sociales, entrevistas o contenidos digitales, para referirse a la medida que dispuso el Consejo Nacional Electoral que prohíbe a los ciudadanos tomar una foto a su voto durante la segunda vuelta electoral del 13 de abril.
La primera persona que expresó su desacuerdo con la decisión, avalada con los votos positivos de Diana Atamaint, José Cabrera y Enrique Pita, fue la consejera del CNE Elena Nájera, quien se abstuvo y comentó públicamente que la medida es inconstitucional y la resolución leída por la presidente del CNE estaba muy mal redactada, lo cual quedó evidenciado al no comprenderse, del todo, lo que la funcionaria estaba anunciando.
Las voces de abogados, comunicadores, políticos, analistas y opinólogos de mayor o menor reputación llenan, a esta hora, las redes sociales y los medios informativos digitales con su desaprobación o rechazo a la decisión del CNE, misma que se dio por pedido del gobierno.
Muchas de las críticas señalan la presunta ilegitimidad de la medida, desde la perspectiva legal, ya que su concepción no tendría ninguna vinculación con la Constitución, el Código de la Democracia y el propio reglamento del actual proceso, mismo que, según los detractores de la acción del organismo electoral, estaría siendo vulnerado con la introducción de una medida de última hora cuando aquello no es permitido por la ley de elecciones.