Un lapidario informe emitido sobre la seguridad pública en Ecuador por parte de Human Rights Watch, la más emblemática y reconocida organización no gubernamental enfocada en la defensa de los derechos humanos en el mundo, pondría en evidencia que algo no se estría haciendo bien en el país.
El documento reporta los hechos más significativos del 2024 respecto al presunto irrespeto de los derechos ciudadanos por parte de las fuerzas de seguridad, bajo circunstancias en que los permanentes estados de Excepción dispuestos por el gobierno, a partir de enero de 2024, pusieron a las Fuerzas Armadas como refuerzo de la Policía Nacional en el combate a la delincuencia organizada.
HRW refiere informes de la Fiscalía de Ecuador donde se denunciaron unos 200 casos de presuntos “excesos en el uso de la fuerza”, 80 sobre supuesta “tortura”, unos “ocho casos de desapariciones forzadas y 16 ejecuciones extrajudiciales”.
El informe de la ONG es contundente. El concepto de “serias violaciones de los derechos humanos”, contenido en su resumen anual sobre Ecuador, está acompañado de afirmaciones sobre el supuesto e ilícito comportamiento de las tropas militares, donde se incluyen presuntas “palizas”, “descargas eléctricas, violencia sexual y homicidios”, entre otros actos que comprometen la integridad física de los afectados.