Durante la mañana del viernes 24 de enero fueron allanadas las oficinas principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Quito, acción conjuntamente emprendida entre el personal de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional.
Esta fiscalización deriva de presuntas y cuestionadas decisiones adoptadas por el CPCCS, las cuales motivaron una denuncia que configuraría el supuesto delito de “usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”.
La denuncia que se investiga por parte de la Fiscalía atañe al presunto accionar de los consejeros en relación con la designación de Yolanda Saltos como vicepresidente de esa entidad y la designación de Raúl González Carrión como superintendente de Bancos.