El 21 de febrero pasado la Corte Constitucional ordenó al gobierno la creación de una comisión especial e interinstitucional que ayude en la coordinación de un plan de acción contra la inseguridad que vive nuestro país, como respuesta a la valoración jurídica del último estado de Excepción decretado por la administración Noboa.
El gobierno se niega a cumplir con esa sentencia, de carácter “definitiva e inapelable”, señalándole a la Corte, mediante un comunicado enviado a los jueces, que esa entidad “no cuenta con atribuciones para definir y dirigir las políticas públicas en materia de seguridad”.