Ni Guayas y tampoco Manabí, la provincia de Azuay tiene el triste récord de contar con el cantón donde mayor actividad delictiva y más graves consecuencias criminales se registran a nivel nacional.

El cantón Camilo Ponce Enríquez fue la jurisdicción territorial más asediada por el crimen organizado durante el 2024, alcanzando una triste estadística de homicidios en relación a su volumen poblacional, doce veces superior al promedio de toda América Latina.

Ponce Enríquez es un cantón eminentemente minero y su riqueza, que yace en el subsuelo, es codiciada por el mundo criminal que, por la razón o la fuerza, busca usurpar sus beneficios que hoy están en manos de sectores privados, principalmente pequeños y medianos inversionistas.

El secuestro y el asesinato, incluso el de autoridades locales, es uno de los recursos que usan las mafias para apoderarse del territorio y que han situado al cantón en este negativo sitial. La tasa de homicidios se acerca a los 260 por cada 100 mil habitantes, unas seis veces mayor a la tasa promedio de nuestro país.