Recientes investigaciones periodísticas nacionales, según información disponible en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, determinaron que los adjudicatarios, sin licitación, del contrato de explotación del campo Sacha mantienen vigentes conflictos judiciales en nuestro país, vinculados aquellos con operaciones en otros bloques petroleros.
Es decir, que el gobierno nacional, de manera presunta, habría pasado por alto los problemas legales en curso para llegar a acuerdos contractuales con el consorcio Sinopetrol, mientras sus dos accionistas principales, Amodaimi (filial de Sinopec) y Petrolia Ecuador (filial de NSE), mantienen en tribunales y despachos litigios con el Estado por sus operaciones anteriores, entre otras, en los campos 16 y 67.
Petrolia, mediante acción de su matriz en Canadá, NSE, sostiene un arbitraje contra Ecuador tras la reversión al Estado, en 2022, de las operaciones en los bloques antes señalados, en los que participaba con sus socios chinos. Además de ese conflicto, existen otros de carácter económico y legal, entre los que se encuentra una compensación de 21 millones de dólares en favor de estas empresas.