No serán soldados de “países aliados” como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Panamá, o Argentina los que vendrán a nuestro país para emprender la lucha contra los grupos delictivos, serían mercenarios o paramilitares pertenecientes o vinculados a una de las empresas privadas de guerra más preparadas, eficientes y, presuntamente, despiadadas del mundo; Blackwater.
Por ahora sería un acercamiento en donde el gobierno, a través del presidente Daniel Noboa y la contratista paramilitar, representada por su CEO Erik Prince, matizaron las características de este eventual acuerdo de servicios, el que, según trascendió, tendría como objetivo “la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de nuestras aguas de la pesca ilegal”, según se publicó en la cuenta personal del mandatario en la red social X.
Blackwater, además de cobrar cientos de millones de dólares por su trabajo, tiene decenas de denuncias internacionales por supuestos abusos y “crímenes de guerra” en Medio Oriente, en donde se señala a sus fuerzas como presuntos responsables de asesinatos en masa en Siria y otros territorios, muertes que incluirían, según reportes informativos, a niños, mujeres y ancianos, detalles que se encuentran ampliamente difundidos en páginas noticiosas del mundo.