Los 16 militares directamente involucrados en la desaparición forzada de los cuatro menores de edad afroecuatorianos que, luego, resultaron torturados, asesinados y quemados, buscan aprovechar ciertas licencias que brindaría a su sector la nueva Ley de Solidaridad del gobierno, para salir libres mientras se investiga su participación en dichos sucesos.
Los 16 militares permanecen en prisión preventiva desde fines de diciembre de 2024 y ayer, lunes 16 de junio, por acción de sus abogados, presentaron un recurso de habeas corpus que, según el criterio de algunos analistas, les podría ser favorable.
Referencialmente, a mediados del año anterior, una subteniente del Ejército, Aidita Ati, apareció muerta en su dormitorio del fuerte militar Napo, con presuntas señales de violación y asesinato por asfixia, indicios eventualmente referenciados en la autopsia inicial, cuyos detalles fueron dados a conocer por el abogado de la familia de la víctima, pero que, luego, se diluyeron tras una segunda autopsia que certificó una supuesta muerte accidental, detalle, sorpresivo para muchos, que permitió la liberación de los cuatro militares detenidos de manera preventiva. Las críticas de familiares de la víctima apuntan a jueces y fiscales.